lamenta que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ignore al sector agrario y al mundo rural
En todo el anteproyecto de Ley no hay una sola referencia ni a los profesionales agrarios ni al mundo rural.
Tras su presentación el pasado viernes, 27 de noviembre y teniendo en cuenta lo que los distintos medios de comunicación han publicado, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha lamentamos que en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no haya ni una sola referencia ni a las mujeres y los hombres que viven de la agricultura y la ganadería ni al medio rural en general.
Este ambicioso proyecto que forma parte de lo que se pretende sea un cambio del modelo económico no se acuerda de uno de los sectores, el agrícola y ganadero, que está pasando por una de las crisis más profundas que se recuerdan en su historia, acuciado por un alto nivel de endeudamiento como consecuencia de la caída de buena parte del valor de sus producciones en origen frente a un fuerte incremento del precio de sus principales factores de producción como los piensos, carburantes, electricidad, abonos… El olvido llega a tal punto que no se hace ni referencia a una de las medidas anunciadas por Elena Espinosa, máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el sentido que, a partir del 1 de enero de 2010, se pondría en macha un gasóleo profesional cuyo reconocimiento normativo se incluiría en el citado anteproyecto..
Una vez mas, como ya es algo habitual en el Presidente del Gobierno, el sector agrario está siendo el gran olvidado en la profunda crisis económica que está viviendo la sociedad en su conjunto pues otros sectores que están pasando por una situación similar si que están recibiendo importantes apoyos de todas las Administraciones Públicas implicadas.
Desde esta Organización queremos insistir en las medidas que creemos necesario adoptar para tratar de aminorar el daño que la crisis esta produciendo en el sector agropecuario:
- un giro social de la Política Agraria Comunitaria (PAC);
- control de los desmedidos márgenes comerciales,
- freno a las importaciones de países terceros,
- regulación del precio de los principales factores de producción no dejándoles al libre albedrío de determinadas empresas y multinacionales;
- puesta en marcha de una política seria de contratos que aseguren unos precios justos a los agricultores y ganaderos…
Con estas medidas se trataría de conseguir que el sector agrario sea tenido como un sector estratégico teniendo en cuenta que es el encargado de suministrar los alimentos al conjunto de la sociedad.
Por último, la Unión de Agricultores y Ganaderos de CLM quiere mostrar su preocupación por la falta de interés de las distintas administraciones públicas en solucionar los problemas del campo. Algo que se ha puesto de manifiesto, una vez más, en la reunión que ha mantenido Elena Espinosa con las OPAs, el pasado 26 de noviembre, en las que la única solución es la creación de más mesas de negociación, alguna de las cuáles ya estaban constituidas tras el acuerdo del gasóleo del 2005.
A pesar de la magnitud de las protestas y la repercusión de las mismas, ha habido quien se ha desmarcado de ellas. Es el caso de la Federación Española de Empresarios Productores de leche (PROLEC) y de su presidente en la zona centro del país, AlbertoBenito, quien dudaba de las verdaderas razones que habían derivado en los paros y la manifestación.
"No fui a una manifestación que se produce porque a los sindicatos oficiales les van a recortar las subvenciones, como van a recortar las del Ministerio de Agricultura, y por eso han ido a presionar al Gobierno, para que les den más dinero. Yo no fui porque se me queman las tripas de tanta tontería. Por eso hemos hecho una asociación como Prolec, porque no nos sentimos respaldados ni identificados con ninguno de estos sindicatos".
Y el hecho es que el sector lácteo también tiene su importancia en Castilla-La Mancha con 302 explotaciones de las que 168 son de gran tamaño al producir por encima de los 300.000 kilos, según los datos de la campaña láctea 2008-2009. Son 27 menos que en la anterior campaña. La crisis les obligó a cerrar.
Alberto Benito es contundente en sus afirmaciones, y no precisamente porque el sector lácteo esté en un momento boyante, pues el precio del litro de leche ha pasado de 50 céntimos (enero de 2008) a 29 (septiembre de 2009). En este sentido, el dirigente de Prolec apunta de forma directa a los responsables. "La leche que entra en España cumple las normas de calidad, pero hay empresas, como Lidl, reconocido por sus industrias, que cumple justo con lo mínimo a cumplir para no salirse de la ley. Esto lleva a que compren leche en cualquier lado".
EL campo, ese lugar lleno de barro donde los pollos corren vivos, que decía con sarcasmo Julio Cortázar, sigue siendo para muchos españoles un sitio extraño de donde salen de vez en cuando miles de manifestantes con pantalones de pana subidos en tractores para cortar el tráfico de las capitales. Al respecto de la boutade de Cortázar, es una siniestra realidad que cuando a los niños de primaria se les pide que pinten un pollo lo dibujan asado, y mucha gente de ciudad cree que los tomates o las verduras se recolectan ya en bandejas de plástico. Los urbanitas sólo ven en los cortijos y caseríos un sitio para montar, subvención mediante, un hotelito con encanto. En el moderno mundo posindustrial el campo no existe si no molesta y por eso los agricultores tienen que plantarse de vez en cuando en el corazón de la ciudad a hacer ruido para que no los olviden. Aun así arrastran mala fama de clase pasiva desde que Bruselas decidió pagar la improductividad de ciertos cultivos y algunos propietarios aprovecharon para ganar dinero plantando subvenciones. La burguesía urbana ignora adrede que esas ayudas, igual que los subsidios jornaleros, sirven para fijar la población a la tierra y evitar migraciones a las metrópolis de masas de gente sin futuro; pero ya ni con eso vale porque los precios en origen han caído en picado, la distribución asfixia márgenes y la economía global llena de productos foráneos las estanterías de los hipermercados.
El campo que se movilizó este fin de semana es el damnificado silencioso de la recesión, para el que nadie prevé soluciones ni siquiera dentro del mantra sostenible. La tecnocracia en boga le está incluso borrando el nombre: los economistas hablan del sector primario y el Gobierno ha cambiado el membrete de Agricultura por el de un vaporoso Medio Rural al que ni siquiera le corresponde medio Ministerio. Se ha hecho invisible; lo único que se les ocurre a los cerebros de la economía es propiciar reconversiones hacia la explotación de la energía o del turismo, que es otra forma de subvencionar: en vez de proteger los olivares o el algodón se da dinero para levantar molinillos eólicos o montar alojamientos rurales. El peso agrario del PIB disminuye de año en año y el problema campesino dejó hace tiempo de constituir un mito ideológico como el que sustentó el reformismo republicano.
Lo más dramático de la protesta sectorial del sábado y el domingo era el pintoresquismo ajeno con que la miraban los ciudadanos. Ya están ahí esos otra vez, qué querrán ahora los muy pesados; al menos esta vez no han parado la circulación en horario laborable. Una distancia sideral, perpleja, como si los manifestantes proviniesen de una suerte de catacumbas sociales. Para la sociedad posmoderna, esencialmente urbana, el campo es apenas el trasunto lejano de un paisaje. Y estéril, porque ni siquiera se puede recalificar.
El pasado sábado más de 200.000 agricultores invadieron Madrid para decir que el campo está arruinado y ya no es posible seguir con estas políticas que han obligado el último año a abandonar la actividad agraria a más de 70.000 agricultores en España.
200.000 agricultores llenaron las calles de Madrid y ni fueron recibidos por la Ministra de “la Agricultura diluida en el Medio Ambiente”, ni ayer Zapatero, en el mitin mediático que montó de la economía sostenible, tuvo palabras para el campo. La verdad es que a Zapatero nunca le hemos oído hablar de agricultura, ni de ganadería, ni de los problemas reales de la economía agraria. Debe ser que alguien le ha dicho que en la actividad agraria solamente está el 6% de la población activa, pero lo que parece ignorar el Presidente es que este país tiene raíces agrarias, que todo español tiene un pasado rural, un bisabuelo pastor o jornalero o viticultor, una madre en el pueblo o un abuelo desarraigado que ahora vive en una ciudad dormitorio, rodeado de parados, añorando el vino en rama y las morcillas de la matanza y asqueado por los “chorizos” de la especulación y el desgobierno, que nos sacan la sangre mientras consienten que los piratas de la distribución vendan a los consumidores las cebollas mil veces más caras que el precio que le han pagado al que las cultiva.
Pero el campo no es solamente ese 6%, es mucho lo que se mueve alrededor de la actividad agraria. Si funciona el campo, funcionan los transportistas, los talleres, las industrias agroalimentarias, las cooperativas, los fabricantes de envases, de abonos, de piensos, de maquinaria agrícola, los bancos, los que venden ropa, los que venden coches y casas… El campo es el sector primario y no hay que olvidar que es un sector estratégico del que depende la alimentación de la sociedad, y aunque sea cierto que la globalización lo relativiza todo, ningún país puede ser tan insensato como para dejar la alimentación en manos de terceros.
Cada día casi 200 agricultores se apean definitivamente del tractor en este país que, en cinco años ha bajado su productividad en un disparatado porcentaje. Pero esos 70.000 no estaban el sábado en Madrid, ya están derrotados, ya se han visto obligados a tirar la toalla porque la situación es insostenible. No se puede mantener una actividad que le cuesta dinero al que la trabaja. El milagro de la economía sostenible (sostenerse sin economía, sin dinero) solo lo saben hacer los agricultores. Los magos también saben sostener cosas en el aire, pero les pagan por hacer esos trucos. Al campo ya le hemos echado nuestros ahorros y nuestras ilusiones, algunos incluso le han echado su vida, pero abono ya no podemos echarle: hay que vender 3 kilos de trigo para poder comprar un kilo de abono, ha y que vender cuatro kilos de trigo para poder comprar un kilo de pan.
Ignorar al campo tiene muy malas consecuencias. Desconocer el campo incluso puede llegar a ser mortal para el urbanita que se vea en él perdido y solo. No es que el campo sea como la selva, pero tiene sus peligros. Y aunque cada día es más difícil, una misión imposible, vivir del campo, lo que realmente es peligroso, sobre todo para los políticos, es vivir contra el campo.
200.000 agricultores gritando en las calles de Madrid quizá no han tenido el mismo eco mediático quecuatro mujeres defendiendo a sus maridos secuestrados por los somalíes, pero que no se olvide que un barco pesquero es como una viña o un campo de lechugas, como una granja de vacas o un rebaño de ovejas, y si liberar a los trabajadores del mar secuestrados ha costado tres millones de euros, ¿cuánto habrá que pagar para liberar al campo español, que lleva años secuestrado por los piratas de la gran distribución, por las multinacionales, por las grandes industrias agroalimentarias que actúan de forma casi monopolística?, y al final ¿quién acabará pagando ese rescate?
Jesús de Juan Espinar, Coordinador de La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.
La vaca gorda ¿la sacaron de reclamo, para ver si atrae a más vacas gordas y se acaba la maldición bíblica de las vacas flacas que pesa ya más de siete años sobre el campo español?
Y mañana ¿qué?
viernes, 20 de noviembre de 2009
"No voy a entrar a valorar las movilizaciones, pero sí transmitir que nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo día tras día por el sector y por ayudarles en momentos difíciles",
Elena Espinosa, Ministra de la Cosa.
Aunque mañana delante del ex-ministerio de agricultura se junten 200.000 agricultores, va a seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo cinco años: ver como el campo español se hunde cada día mas y mas en la ruina.
Nuestros compañeros de La Unión de Campesinos de Castilla y León han protestado ante Puxeu en Segovia:
Manifestantes de UCCL zarandean al secretario de Estado en Segovia Jornada de paro en Valladolid. Pablo Requejo. Efe | Segovia
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha sido abucheado, zarandeado y empujado este viernes en Segovia por varios manifestantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), después de intervenir en una reunión con parlamentarios y alcaldes en la sede del PSOE.
Mientras que el PSOE cifra en medio centenar la cifra de agricultores concentrados ante la sede, la UCCL ha afirmado que se encontraban alrededor de doscientas personas, para protestar por la Ley de Representatividad en el sector agrario, de cuya elaboración le consideran responsable.
Esta Ley ha dejado a La Unión, la organización agraria a la que pertenece la UCCL, sin representatividad en el ámbito nacional.
Los agricultores han llegado a la sede socialista sobre las 11.10 horas, poco después que el secretario de Estado, quien se ha reunido dentro con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, y con el secretario provincial y senador, Juan Luis Gordo.
Asimismo, ha mantenido un encuentro con alcaldes y portavoces municipales socialistas de varios puntos de la provincia segoviana y ha participado en una rueda de prensa.
Entretanto, en el exterior, los miembros de la UCCL pitaban y lanzaban gritos contra Puxeu, como "sinvergüenza, chorizo, traidor", con una pancarta en la que se leía: "Esta crisis nos está hundiendo, menos burocracia y más soluciones".
El problema se ha registrado cuando el secretario de Estado ha ido a abandonar la sede socialista, acompañado por la subdelegada del Gobierno, Teresa Rodrigo Rojo, y por Óscar López y Juan Luis Gordo.
Pese a que se había hecho un pasillo policial, se han cruzado empujones, pisotones y forcejeos, hasta que Puxeu ha logrado meterse en el coche, delante del cual se han tirado algunos de los agricultores, que han sido retirados por la Policía.
La tensión ha durado unos diez minutos, ya que una vez que el vehículo oficial ha abandonado la zona, mientras golpeaban la chapa algunos de los manifestantes, la situación se ha reconducido, sin que se hayan registrado detenciones ni heridos, según han dicho a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Al parecer, un miembro de la Policía Local ha recibido un golpe en un ojo con un palo de una bandera de propaganda de la organización agraria, sin mayores consecuencias, según algunos testigos del incidente, aunque este extremo no ha sido confirmado por la Subdelegación del Gobierno.
Para el secretario general del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, "ha sido una actitud impresentable de la UCCL, porque una cosa es la reivindicación y otra utilizar la fuerza; han dado un espectáculo dantesco que dice muy poco a favor de ellos".
Puxeu ha lamentado que las protestas a la puerta de la sede estén protagonizadas "por una organización agraria surgida de una escisión", de COAG, "que pretende que sus problemas se resuelvan por terceras personas".
Por su parte, fuentes de la UCCL han señalado que "estamos en guerra abierta contra Puxeu, que es el autor de la chapuza fascistoide que supone la Ley de Representatividad" de las organizaciones profesionales agrarias (opas).
La UCCL ha reconocido que se han registrado empujones, pero ha negado que se haya golpeado a nadie con palos, mientras ha insistido en que existe el acuerdo en la organización de seguir a Puxeu donde vaya y boicotear los actos en los que participe.
Los miembros de UCCL consideran que La ley no se sostiene, por lo que han anunciado que la denunciarán ante la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), porque a su juicio conculca derechos de la organización, que debe estar representada por los votos recibidos en las urnas en las elecciones a cámaras agrarias.
En un encuentro con los periodistas, Puxeu ha explicado que para el Gobierno la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos en Europa y así serán en la próxima presidencia europea de la UE.
Asimismo, ha declarado que "España ha liderado siempre el movimiento de defensa de la PAC como la gran política de cohesión europea, y hemos conseguido que la Comisión saliente no anticipe su futuro, porque es el primer sector económico de Europa y juega un imprescindible papel en la ordenación del territorio".
Para el secretario de Estado, "desde el Gobierno hacemos y haremos una defensa absoluta del campo, si bien es cierto que en una crisis global de liquidez y confianza como en la que estamos inmersos, el campo ha sufrido como los demás y sus demandas son lícitas y legítimas".
Puxeu ha reconocido que "el Gobierno está haciendo el máximo esfuerzo de apoyo al sector y este año hemos destinado cerca de 500 millones de euros, y es tiempo de que la sociedad tome conciencia de los derechos de los agricultores, así como del esfuerzo de los ciudadanos a través de sus impuestos para apoyar al sector".
En Segovia, la protesta del campo ha tenido lugar también en el polígono industrial de Valverde del Majano, donde se han concentrado unos 150 tractores, convocados por ASAJA, sin que se hayan registrado incidentes.
La Unión de Campesinos le agua la fiesta al PSOE: Pide la dimisión de Puxeu a las puertas de su sede
Zoquejo
La Unión de Campesinos de Castilla y León le ha aguado la fiesta al PSOE a las puertas de su sede en Segovia el día en que se reúnen el concejal de Obras, Pepe Llorente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, los secretarios generales provincial y regional del PSOE, Juan Luis Gordo y Óscar López, y el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. La reunión tiene como objetivo analizar los problemas de la escasez y calidad del agua tras el anuncio del proyecto de Recrecida del Embalse de Puente Alta por parte del Ayuntamiento de Segovia.
Ajenos al motivo puntual de la reunión, varias decenas de campesinos se han concentrado a las puertas de la sede del PSOE en Segovia para pedir la dimisión del Secretario de Estado, Josep Puxeu. A la voz de "Sin la Unión, no hay solución", los campesinos han manifestado su disconformidad con la gestión del campo de la Administración Zapatero.
Ley de Representación de organizaciones agrarias (OPAS)
El sector agrario y ganadero ha salido a la calle en toda España para reivindicar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un pacto de Estado ante la ruina del campo español y la mayor crisis de su historia. En un día como hoy, la Unión de Campesinos ha querido mostrar lo que considera una gran falta de respeto que el señor Puxeu se reúna en Segovia cuando hoy el campo español está paralizado.
Desde la calle, los campesinos han alzado la voz para manifestar su profundo malestar por la reciente Ley de Representación de Organizaciones Agrarias (OPAS), que margina a asociaciones agrarias mayoritarias en muchos puntos del país como es la Unión de Campesinos.
La UNIÓN de Agricultores y Ganaderos de CLM apoya la manifestación de Madrid en defensa del campo
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha acudirá este sábado a la manifestación que han organizado Asaja, Coag y Upa en Madrid en protesta por la crisis que está sufriendo el sector primario desde hace más de dos años.
Sin embargo, lamentamos que LA UNIÓN, sindicato agrario de amplia representatividad a nivel nacional, no haya sido invitado a ser parte de la organización de un evento tan importante para todos los agricultores.
El coordinador nacional de La Unión, José Manuel de las Heras, considera “incomprensible” que les dejen al margen a pesar de representar a un gran porcentaje del sector agrario. Una situación que creen que perjudica al `campo porque realmente es la unión la que hace la fuerza, y ahora es más necesaria que nunca puesto que a principios de año España asume la presidencia temporal de la Unión Europea y hay que comenzar a negociar la reforma de la política agraria común, la PAC, que entrará en vigor en el año 2013.
Sin embargo, a pesar de que nos han dejado a un lado vamos a participar en las movilizaciones, puesto que creemos que es necesario pedir explicaciones al Ejecutivo nacional por las políticas tan perjudiciales que se están aplicando al campo. Desde La Unión lamentamos no poder acudir con nuestro propio emblema, puesto que también representamos a un alto porcentaje de trabajadores del sector primario
De las Heras tiene claro que una de las razones por las que se han visto apartados es por no ser dóciles y criticar todas las políticas que van en contra de los intereses del campo. Por esta circunstancia, y por que es necesario alzar la voz en contra de las políticas que se están llevando a cabo van a acudir a Madrid este próximo sábado, donde quieren hacerse oír y denunciar que desde Europa están dejando que el campo se arruine.
Desde La Unión de Agricultores y Ganaderos de CLM esperamos que las reivindicaciones no terminen el sábado, ya que es necesario seguir luchando por desenmascarar las nulas políticas que realizan tanto el PP como el PSOE a nivel europeo, permitiendo acuerdos que conducen a la competencia desleal y que únicamente conducen a la ruina de los agricultores.
Diario Público, 18 de noviembre de 2009. Gustavo Duch Guillot Hablemos de negocios. Uno, usted es propietario de cinco hectáreas de naranjos en la huerta valenciana y la temporada se ha dado bien. Si vende al precio promedio del sector entonces la diferencia entre ingresos y gastos ha sido de aproximadamente 6.000 euros. 6.000 euros de pérdidas. Dos, usted ha producido durante este año 750 corderos y los ha podido vender todos. Entonces su cuenta de resultados indicará en números rojos, 11.000 euros. Y tres –para no aburrirles con más datos–, pensemos en una explotación de olivares en secano para producir el reconocido aceite de oliva mediterráneo. Si dispone de 20 hectáreas al precio promedio de la campaña ha perdido 200 euros por hectárea, unos 4.000 euros. Estas cifras, que afectan a todos los sectores (agricultura de huerta, de cereales, de frutales, etc. y ganadería de todas las cabañas), indican la gravedad por la que pasa el sector rural en España. Y, con toda seguridad, es desde esta grave crisis colectiva que los tres sindicatos mayoritarios del campo se han puesto de acuerdo para coordinar conjuntamente sus movilizaciones, en concreto convocando a un paro agrario el 20 y 21 de noviembre, que finalizará con una manifestación el mismo día 21 en Madrid.
Con esas cuentas que les he presentado no es de extrañar que, en los últimos cinco años contabilizados, se hayan perdido del orden de 124.000 empleos. A nadie le gusta trabajar para perder dinero. Por qué la mayoría de las pequeñas fincas agrarias son deficitarias tiene, desde mi punto de vista, dos explicaciones. Por un lado la matemática: ventas menos costes igual a beneficio. Y en los últimos años, de forma continuada, la tendencia ha sido un aumento en el precio de los insumos (muchos de ellos están ligados al petróleo, por ejemplo, los fertilizantes o el uso de maquinaria) hasta un aumento total del 35% en ese mismo periodo. Mientras que el precio al que las campesinas y campesinos venden sus productos ha sufrido, en un sólo año, descensos que pueden ir desde el 60% de la sandía o el 50% de las patatas hasta un descenso más moderado del 10% del pollo o la lechuga. Pero el saldo siempre es negativo.
La segunda explicación tiene que ver con elementos más estructurales y el modo en que estamos definiendo con decisiones políticas (o con no decisiones) el modelo de producción de alimentos que queremos para nuestro país. Y aquí hay que ser rotundos. Todo apunta hacia una agricultura sin campesinos, en manos de la gran agroindustria y ahora –como una punta de lanza– las grandes cadenas de distribución. Sin la regularización de los mercados y disminuyendo las ayudas a la agricultura familiar –estas son las pautas europeas–, sólo sobreviven los más grandes, los más fuertes. En este caso las grandes cadenas de distribución que ya se han apoderado del 80% de todas las compras que se realizan, provocando el cierre de los pequeños comercios a un ritmo de 11 establecimientos diarios. Con tan absoluto control, los supermercadísimos se permiten el lujo de presionar a la agroindustria –si hace falta saliendo a las estanterías con marcas blancas– para obtener precios más bajos, que esta traslada hacia los productores y productoras con los resultados que ya hemos visto.
Y nos falta un dato para entender todo el panorama. Los precios a los que cualquiera de nosotras o nosotros pagamos los alimentos. Efectivamente los últimos meses, con la crisis general encima, el precio de los alimentos ha bajado (un menos 2,4%, el último IPC alimentario), pero esta rebaja llega toda por el estrangulamiento de los precios a los productores. Son ellos los que la asumen, no las grandes cadenas ni la agroindustria. Y así queda claro donde están los beneficiados del modelo. Los cálculos que presenta la organización agraria COAG son claros. Del campo a la mesa, un producto agrario ha multiplicado su precio en seis veces, y del campo a la mesa un producto cárnico lo ha multiplicado más de tres veces.
Pero no quiero hablar más de “números y negocios”, porque si definitivamente este es el abordaje que le damos a la actividad agraria –la actividad que desde el usufructo de la naturaleza es capaz de entregarnos los alimentos que necesitamos para la vida– difícilmente le daremos el trato que amerita. Que el campo se arruine no es sólo una preocupación para los agricultores, lo es para el resto de la ciudadanía, y por eso el paro organizado por los sindicatos cuenta con el apoyo de otros sectores aglutinados bajo el paraguas de la Plataforma Rural. Las labores agrarias son el motor principal del medio rural y con ellas debilitadas, como una cascada, desaparecen muchos puestos de trabajo y otras actividades paralelas como la transformación de alimentos, los cuidados del monte y los paisajes, la preservación de culturas y tradiciones, etc. No podemos permitirnos dejar la alimentación en manos de tres o cuatro conglomerados empresariales que producen alimentos como si produjeran cualquier bien industrial. Su modelo pasa por deslocalizar la producción a terceros países, donde las normativas sanitarias y medioambientales son más permisivas, y donde van para aprovecharse de mano de obra que estrujan olvidando sus derechos, laborales y humanos. ¿Qué lógica es esta de tener a los países que pasan hambre produciendo alimentos para los países ricos que podemos pagarla? Ninguna. Bastantes años y muchas injusticias arrastra este modelo como para no exigir –toda la ciudadanía– dignidad en nuestro medio rural, y dignidad para el trabajo de alimentar al mundo, aquí y allá.
Hoy la industria alimentaria alardea de producir a precios bajos, pero –apunten–, si esta estrategia competitiva les lleva al control total, y todo apunta hacia eso, jugarán con los precios y con los consumidores. Disculpen, acabé hablando otra vez de precios y economías.
Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
El PSOE y el PP dan luz verde a una Ley que mantiene el statu quo de ASAJA, COAG y UPA P.L. de EUROPA AGRARIA
El Congreso de los Diputados comenzó el pasado mes de octubre dando luz verde a la "Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias". La normativa, a pesar de las enmiendas introducidas por el Senado, fue aprobada tal y como se acordó en abril en la Cámara Baja. Así, la legislación legitima el actual statu quo de las OPAs representadas por ASAJA, COAG y UPA a nivel nacional, algo que no ha sentado bien aLa Unión, colectivo que ha calentado el debate político.
El Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias presentado por Elena Espinosa a principios de este año poco difiere de la normativa definitivamente aprobada el pasado 1 de octubre por el Congreso de los Diputados. Los avatares parlamentarios apenas le han influido, ya que la Cámara Baja rechazó las enmiendas de "mejora" introducidas por el Senado.
Por ello, lo que realmente interesante de este proceso parlamentario no es el documento final (muy similar al del inicio, ya analizado por EUROPA AGRARIA en su pasada edición de febrero) sino el debate político suscitado y las intrigas que han creado las organizaciones profesionales agrarias afectadas por el mismo.
Y es que, aunque la Ley regula, primero, los órganos consultivos del Estado en materia agroalimentaria, el verdadero meollo ha estado en la segunda parte de la normativa: la determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, OPAs.
El statu quo
Desde que Pedro Solbes fuera ministro de Agricultura a principios de los 90, se estableció, de forma tácita, que los tres colectivos agrarios que se sentarían a negociar con el Ministerio responsable del sector agrario serían ASAJA, COAG y UPA, algo que continúa hasta hoy.
Con la nueva Ley, esto queda regulado, de manera que el statu quo establecido hace más de quince años, se legitima y se mantiene. Esta normativa no hubiera planteado ningún problema hasta hace poco más de un año, cuando el mapa representativo del sector agrario, que había permanecido estable durante mucho tiempo, se vio alterado. Fue en septiembre de 2008 cuando varias organizaciones escindidas de COAG se unieron en un nuevo colectivo, La Unión, que has sido el que ha "desequilibrado" la situación.
El diputado socialista Alejandro Alonso, lo explicaba así en su intervención en el Congreso el pasado 1 de octubre: "En España había muchos sindicatos, muchas organizaciones sectoriales, territoriales, pero había tres sindicatos agrarios, ASAJA, UPA y COAG que se reconocían sin ley, sin necesidad de hacer una ratificación jurídica. Y es a partir de la ruptura de un sindicato, entonces el mayoritario de España, cuando se modifica el estatus actual y, de alguna manera, aparece una nueva problemática que ha estado machacando encima del contenido literal de esta ley".
De esta forma, las presiones políticas que varios partidos han recibido desde los colectivos que forman La Unión —principalmente, la Unió de Pagesos y la Unión de Campesinos de Castilla y León— han hecho tensar las cuerdas en el Congreso y sobre todo en el Senado.
Acuerdos y desacuerdos
Cuando el Proyecto de Ley llegó por primera vez al Congreso de los Diputados se puso de manifiesto que a ninguno de los dos grandes partidos políticos les interesaba mover ficha en la statu quo de la representatividad agraria. La "trinidad" agraria de ASAJA, COAG y UPA, había que mantenerla.
Tanfo fue así que el Partido Socialista y el Popular llegaron a un consenso (algo casi insólito en los tiempos que corren en política) y juntos hicieron inviables las dos enmiendas a la totalidad que habían presentado Convergencia i Unió y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds. El PSOE veía con buenos ojos la normativa presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, MARM, mientras que desde el PP, el diputado José Ignacio Llorens, argumentaba que "no le hemos dado un cheque en blanco al Gobierno. Tenemos el compromiso de mejorar en común el proyecto y lo tenemos firmado con el Grupo Socialista".
Sin embargo, ese acuerdo cambió cuando el Proyecto de Ley llegó al Senado. Allí el Partido Popular presentó varias enmiendas que luego retiró, pero votó a favor de otras similares presentadas por otros grupos.
Esto fue visto desde el PSOE como deslealtad al compromiso tomado en el Congreso, mientras que desde el PP se argumentó que "no hemos incumplido ningún acuerdo, hemos mejorado esa ley", según el senador popular, José Cruz Pérez Lapazarán.
¿Pero puede haber alguna razón para que el Grupo Parlamentario del PP en el Senado mostrara más interés que sus colegas del Congreso en modificar la Ley de representatividad agraria?
Hay varias voces que así lo creen y que apuntan a las buenas relaciones entre el líder de La Unión, José Manuel de las Heras, y el senador popular y ex-consejero de Agricultura de Castilla León, José Valín, y al apoyo que, según COAG, el PP ha mostrado por esta nueva organización profesional agraria.
Finalmente, todo este trasiego de enmiendas y votos en el Grupo Parlamentario Popular del Senado sirvieron de bien poco, ya que cuando el Proyecto de Ley volvió al Congreso el mismo diputado del PP, Llorens, anunció que "mi grupo va a ser favorable al acuerdo que aquí planteamos con el Grupo Socialista, lamentando no haber podido estimar el esfuerzo, sin duda importante, que ha hecho el Senado pero que no aclara el proyecto original".
En conclusión: el devaneo político del Senado quedó en agua de borrajas cuando llegó al Congreso.
CiU y los Nacionalistas
Otra parte de las presiones políticas en contra del Proyecto de Ley vinieron de los partidos minoritarios que representan a partidos autonómicos en el Congreso y en el Senado. Estos defendieron la postura de algunas organizaciones profesionales regionales, como es el caso de las gallegas o de la Unió de Pagesos Catalans —uno de los colectivos autonómicos con más peso, que actualmente forma parte de La Unión y que a buen seguro echó el resto en negociar con todos los políticos catalanes—.
Así, por ejemplo, como ya se ha apuntado, la primera vez que el documento llegó al Congreso, recibió dos enmiedas a la totalidad presentadas, respectivamente, por CiU y por Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa Per Cataluña Verds.
Ambas fueron rechazadas, al igual que el veto que en el Senado interpuso el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalista (PNV y BNG). El senador gallego José Manuel Pérez Bouza defendía dicho veto afirmando que el Proyecto de Ley "puede incluso llegar al extremo de dejar fuera de estos órganos consultivos a organizaciones profesionales agrarias que, como pasa en Galicia, son de ámbito autonómico pero mayoritarias en la comunidad autónoma en el sector agrario".
Por su parte, desde CiU, el senador Joan María Roig i Grau, también se manifestó en contra del Proyecto y defendió las enmiendas de su partido declarando, entre otras cosas, que "organizaciones como la Unió de Pagesos no puedan tener representación es simplemente absurdo e injusto".
El rechazo de los partidos minoritarios a mantener el Proyecto de Ley se hizo más patente cuando éste volvió al Congreso: allí, tanto el Bloque Nacionalista Galego, como Coalición Canaria, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió votaron a favor de las enmiendas realizadas por el Senado, algo que sirvió de bien poco ya que sus 16 votos nada pudieron hacer frente a los 280 del PSOE y PP, unidos por el mencionado consenso.
Las Reacciones de las Afectadas
Las principales afectadas por la nueva Ley, las organizaciones profesionales agrarias, han seguido todo este proceso en silencio, sin emitir comunicados ni convocar ruedas de prensa al respecto. En esta ocasión el trabajo estaba más entre las bambalinas parlamentarias, por lo que difundir su desarrollo (que por otra parte, es público) no hubiera más que entorpecido el mantenimiento del statu quo que tanto PSOE y PP como ASAJA, COAG y UPA parecían desear.
Una vez aprobada la Ley que, definitivamente, da poco margen a que nuevos colectivos entren en las mesas de negociación de la Administración, las voces de las más desfavorecidas no tardaron en dejarse oir. De esta forma, la Unión de Campesinos de Castilla León, UCCL, calificó la normativa como "uno de los golpes má bajos que ha sufrido el sindicalismo agrario independiente en los últimos años" y afirmó que, al aprobar dicha Ley, "tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han roto los más elementarles principios democráticos (...) haciendo un 'traje a medida' a sus organizaciones agrarias que han demostrado con sus actitudes serles las más cómodas a la hora de gobernar".
Por ello, dicho colectivo mantiene su intención de denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lo que considera una vulneración de sus derechos.
Sin embargo, la reacción más contundente fue la de la Unió de Pagesos (UP) quien, a través de un comunicado, anunció la ruptura de las relaciones bilaterales con el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de Cataluña, DAR, y con su titular, el conseller Joaquim Llena.
Aunque dicha administración no ha tenido ninguna competencia en la elaboración y tramitación de la Ley que mide la representatividad agraria, UP considera que los votos del PSC (Partido Socialista Catalán) ayudaron a que la normativa saliera adelante sin las enmiendas introducidas en el Senado.
"La Unió de Pagesos rompe las relaciones con el conseller Llena por la aprobación de esta Ley arbitraria, sin sentido en nuestro estado de derecho y que menosprecia la democracia en el campo. El sindicato ha encontrado una falta absoluta de la más mínima lealtad institucional del PSC hacia la Unió de Pagesos de Cataluña y, por tanto, hacia el 60 por ciento de la agricultura profesional catalana que otorgó su confianza, libre y democráticamente, a la Unió de Pagesos en las pasadas elecciones al campo", argumentaba en dicho comunicado.
¿Y ASAJA, COAG y UPA?
Por su parte, entre las tres principales organizaciones profesionales agrarias, que teóricamente salen beneficiadas por la Ley aprobada, sólo UPA fue la que emitió un comunicado valorándola positivamente, señalando que "permite disponer de criterios objetivos y estables para la determinación de las organizaciones más representativas a nivel nacional del sector agrario".
Desde ASAJA se apunta que el debate parlamentario tomó ciertos tintes nacionalistas y por su parte, el responsable de organización de COAG, Miguel Blanco, respondió a este periódico que su colectivo "valora positivamente la ley por el amplio respaldo parlamentario que ha tenido", lo que afianza su constitucionalidad. Sin embargo, dejó notar que no colma al cien por cien las expectativas de la organización, "aunque ahora ya no es momento de poner los puntos sobre las íes", concluyó.
Una Ley que sólo gusta al PSOE
La "Ley de Creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias", sólo ha recibido buenos comentarios desde el PSOE, pese a que el PP también votó a su favor. Así, el diputado popular, José Ignacio Llorens dejó claro que "no le gustaba", que "no era un buen proyecto" y que además "llegaba tarde", pero apoyó su aprobación argumentando que lo hacía para evitar más retraso y facilitar la interlocución agraria en momentos de crisis. Asimismo, desde el Senado, el popular José Cruz Pérez Lapazarán, también fue crítico con la normativa, afirmando que "no es serio y no soluciona los problemas de representatividad agraria".
Desde los partidos minoritarios las críticas fueron aún más duras y ninguno de los representados en ambas cámaras y miembros de CiU, PNV-EAJ, BNG, Coalición Canaria, o Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds lo aceptaron. Es más, varios senadores de CiU y BNG y una diputada de Coalición Canaria dudaron sobre su legalidad, basándose en un informe de un letrado de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso que señaló que podría ser inconstitucional al estar invadiendo las competencias de las comunidades autónomas, cuestión que desde el PSOE se negó.
Otros puntos criticados de la normativa fueron que discrimina a organizaciones agrarias que son importantes en sus comunidades; que los parámetros para medir la representatividad son ambiguos y poco equitativos y que para ello no se pueden tener en cuenta los procesos electorales llevados hace años, porque, además, tampoco se han realizado en todas las comunidades autónomas. Asimismo, los partidos minoritarios también vieron con malos ojos el acuerdo establecido entre el PSOE y el PP para sacar adelante esta Ley.