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| El PSOE y el PP dan luz verde a una Ley que mantiene el statu quo de ASAJA, COAG y UPA
P.L. de EUROPA AGRARIA
El Congreso de los Diputados comenzó el pasado mes de octubre dando luz verde a la "Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias". La normativa, a pesar de las enmiendas introducidas por el Senado, fue aprobada tal y como se acordó en abril en la Cámara Baja. Así, la legislación legitima el actual statu quo de las OPAs representadas por ASAJA, COAG y UPA a nivel nacional, algo que no ha sentado bien a La Unión, colectivo que ha calentado el debate político.
El Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias presentado por Elena Espinosa a principios de este año poco difiere de la normativa definitivamente aprobada el pasado 1 de octubre por el Congreso de los Diputados. Los avatares parlamentarios apenas le han influido, ya que la Cámara Baja rechazó las enmiendas de "mejora" introducidas por el Senado.
Por ello, lo que realmente interesante de este proceso parlamentario no es el documento final (muy similar al del inicio, ya analizado por EUROPA AGRARIA en su pasada edición de febrero) sino el debate político suscitado y las intrigas que han creado las organizaciones profesionales agrarias afectadas por el mismo.
Y es que, aunque la Ley regula, primero, los órganos consultivos del Estado en materia agroalimentaria, el verdadero meollo ha estado en la segunda parte de la normativa: la determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, OPAs.
El statu quo
Desde que Pedro Solbes fuera ministro de Agricultura a principios de los 90, se estableció, de forma tácita, que los tres colectivos agrarios que se sentarían a negociar con el Ministerio responsable del sector agrario serían ASAJA, COAG y UPA, algo que continúa hasta hoy.
Con la nueva Ley, esto queda regulado, de manera que el statu quo establecido hace más de quince años, se legitima y se mantiene.
Esta normativa no hubiera planteado ningún problema hasta hace poco más de un año, cuando el mapa representativo del sector agrario, que había permanecido estable durante mucho tiempo, se vio alterado. Fue en septiembre de 2008 cuando varias organizaciones escindidas de COAG se unieron en un nuevo colectivo, La Unión, que has sido el que ha "desequilibrado" la situación.
El diputado socialista Alejandro Alonso, lo explicaba así en su intervención en el Congreso el pasado 1 de octubre: "En España había muchos sindicatos, muchas organizaciones sectoriales, territoriales, pero había tres sindicatos agrarios, ASAJA, UPA y COAG que se reconocían sin ley, sin necesidad de hacer una ratificación jurídica. Y es a partir de la ruptura de un sindicato, entonces el mayoritario de España, cuando se modifica el estatus actual y, de alguna manera, aparece una nueva problemática que ha estado machacando encima del contenido literal de esta ley".
De esta forma, las presiones políticas que varios partidos han recibido desde los colectivos que forman La Unión —principalmente, la Unió de Pagesos y la Unión de Campesinos de Castilla y León— han hecho tensar las cuerdas en el Congreso y sobre todo en el Senado.
Acuerdos y desacuerdos
Cuando el Proyecto de Ley llegó por primera vez al Congreso de los Diputados se puso de manifiesto que a ninguno de los dos grandes partidos políticos les interesaba mover ficha en la statu quo de la representatividad agraria. La "trinidad" agraria de ASAJA, COAG y UPA, había que mantenerla.
Tanfo fue así que el Partido Socialista y el Popular llegaron a un consenso (algo casi insólito en los tiempos que corren en política) y juntos hicieron inviables las dos enmiendas a la totalidad que habían presentado Convergencia i Unió y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds. El PSOE veía con buenos ojos la normativa presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, MARM, mientras que desde el PP, el diputado José Ignacio Llorens, argumentaba que "no le hemos dado un cheque en blanco al Gobierno. Tenemos el compromiso de mejorar en común el proyecto y lo tenemos firmado con el Grupo Socialista".
Sin embargo, ese acuerdo cambió cuando el Proyecto de Ley llegó al Senado. Allí el Partido Popular presentó varias enmiendas que luego retiró, pero votó a favor de otras similares presentadas por otros grupos.
Esto fue visto desde el PSOE como deslealtad al compromiso tomado en el Congreso, mientras que desde el PP se argumentó que "no hemos incumplido ningún acuerdo, hemos mejorado esa ley", según el senador popular, José Cruz Pérez Lapazarán.
¿Pero puede haber alguna razón para que el Grupo Parlamentario del PP en el Senado mostrara más interés que sus colegas del Congreso en modificar la Ley de representatividad agraria?
Hay varias voces que así lo creen y que apuntan a las buenas relaciones entre el líder de La Unión, José Manuel de las Heras, y el senador popular y ex-consejero de Agricultura de Castilla León, José Valín, y al apoyo que, según COAG, el PP ha mostrado por esta nueva organización profesional agraria.
Finalmente, todo este trasiego de enmiendas y votos en el Grupo Parlamentario Popular del Senado sirvieron de bien poco, ya que cuando el Proyecto de Ley volvió al Congreso el mismo diputado del PP, Llorens, anunció que "mi grupo va a ser favorable al acuerdo que aquí planteamos con el Grupo Socialista, lamentando no haber podido estimar el esfuerzo, sin duda importante, que ha hecho el Senado pero que no aclara el proyecto original".
En conclusión: el devaneo político del Senado quedó en agua de borrajas cuando llegó al Congreso.
CiU y los Nacionalistas
Otra parte de las presiones políticas en contra del Proyecto de Ley vinieron de los partidos minoritarios que representan a partidos autonómicos en el Congreso y en el Senado. Estos defendieron la postura de algunas organizaciones profesionales regionales, como es el caso de las gallegas o de la Unió de Pagesos Catalans —uno de los colectivos autonómicos con más peso, que actualmente forma parte de La Unión y que a buen seguro echó el resto en negociar con todos los políticos catalanes—.
Así, por ejemplo, como ya se ha apuntado, la primera vez que el documento llegó al Congreso, recibió dos enmiedas a la totalidad presentadas, respectivamente, por CiU y por Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa Per Cataluña Verds.
Ambas fueron rechazadas, al igual que el veto que en el Senado interpuso el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalista (PNV y BNG). El senador gallego José Manuel Pérez Bouza defendía dicho veto afirmando que el Proyecto de Ley "puede incluso llegar al extremo de dejar fuera de estos órganos consultivos a organizaciones profesionales agrarias que, como pasa en Galicia, son de ámbito autonómico pero mayoritarias en la comunidad autónoma en el sector agrario".
Por su parte, desde CiU, el senador Joan María Roig i Grau, también se manifestó en contra del Proyecto y defendió las enmiendas de su partido declarando, entre otras cosas, que "organizaciones como la Unió de Pagesos no puedan tener representación es simplemente absurdo e injusto".
El rechazo de los partidos minoritarios a mantener el Proyecto de Ley se hizo más patente cuando éste volvió al Congreso: allí, tanto el Bloque Nacionalista Galego, como Coalición Canaria, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió votaron a favor de las enmiendas realizadas por el Senado, algo que sirvió de bien poco ya que sus 16 votos nada pudieron hacer frente a los 280 del PSOE y PP, unidos por el mencionado consenso.
Las Reacciones de las Afectadas
Las principales afectadas por la nueva Ley, las organizaciones profesionales agrarias, han seguido todo este proceso en silencio, sin emitir comunicados ni convocar ruedas de prensa al respecto. En esta ocasión el trabajo estaba más entre las bambalinas parlamentarias, por lo que difundir su desarrollo (que por otra parte, es público) no hubiera más que entorpecido el mantenimiento del statu quo que tanto PSOE y PP como ASAJA, COAG y UPA parecían desear.
Una vez aprobada la Ley que, definitivamente, da poco margen a que nuevos colectivos entren en las mesas de negociación de la Administración, las voces de las más desfavorecidas no tardaron en dejarse oir. De esta forma, la Unión de Campesinos de Castilla León, UCCL, calificó la normativa como "uno de los golpes má bajos que ha sufrido el sindicalismo agrario independiente en los últimos años" y afirmó que, al aprobar dicha Ley, "tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han roto los más elementarles principios democráticos (...) haciendo un 'traje a medida' a sus organizaciones agrarias que han demostrado con sus actitudes serles las más cómodas a la hora de gobernar".
Por ello, dicho colectivo mantiene su intención de denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lo que considera una vulneración de sus derechos.
Sin embargo, la reacción más contundente fue la de la Unió de Pagesos (UP) quien, a través de un comunicado, anunció la ruptura de las relaciones bilaterales con el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de Cataluña, DAR, y con su titular, el conseller Joaquim Llena.
Aunque dicha administración no ha tenido ninguna competencia en la elaboración y tramitación de la Ley que mide la representatividad agraria, UP considera que los votos del PSC (Partido Socialista Catalán) ayudaron a que la normativa saliera adelante sin las enmiendas introducidas en el Senado.
"La Unió de Pagesos rompe las relaciones con el conseller Llena por la aprobación de esta Ley arbitraria, sin sentido en nuestro estado de derecho y que menosprecia la democracia en el campo. El sindicato ha encontrado una falta absoluta de la más mínima lealtad institucional del PSC hacia la Unió de Pagesos de Cataluña y, por tanto, hacia el 60 por ciento de la agricultura profesional catalana que otorgó su confianza, libre y democráticamente, a la Unió de Pagesos en las pasadas elecciones al campo", argumentaba en dicho comunicado.
¿Y ASAJA, COAG y UPA?
Por su parte, entre las tres principales organizaciones profesionales agrarias, que teóricamente salen beneficiadas por la Ley aprobada, sólo UPA fue la que emitió un comunicado valorándola positivamente, señalando que "permite disponer de criterios objetivos y estables para la determinación de las organizaciones más representativas a nivel nacional del sector agrario".
Desde ASAJA se apunta que el debate parlamentario tomó ciertos tintes nacionalistas y por su parte, el responsable de organización de COAG, Miguel Blanco, respondió a este periódico que su colectivo "valora positivamente la ley por el amplio respaldo parlamentario que ha tenido", lo que afianza su constitucionalidad. Sin embargo, dejó notar que no colma al cien por cien las expectativas de la organización, "aunque ahora ya no es momento de poner los puntos sobre las íes", concluyó.
Una Ley que sólo gusta al PSOE
La "Ley de Creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias", sólo ha recibido buenos comentarios desde el PSOE, pese a que el PP también votó a su favor.
Así, el diputado popular, José Ignacio Llorens dejó claro que "no le gustaba", que "no era un buen proyecto" y que además "llegaba tarde", pero apoyó su aprobación argumentando que lo hacía para evitar más retraso y facilitar la interlocución agraria en momentos de crisis. Asimismo, desde el Senado, el popular José Cruz Pérez Lapazarán, también fue crítico con la normativa, afirmando que "no es serio y no soluciona los problemas de representatividad agraria".
Desde los partidos minoritarios las críticas fueron aún más duras y ninguno de los representados en ambas cámaras y miembros de CiU, PNV-EAJ, BNG, Coalición Canaria, o Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds lo aceptaron. Es más, varios senadores de CiU y BNG y una diputada de Coalición Canaria dudaron sobre su legalidad, basándose en un informe de un letrado de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso que señaló que podría ser inconstitucional al estar invadiendo las competencias de las comunidades autónomas, cuestión que desde el PSOE se negó.
Otros puntos criticados de la normativa fueron que discrimina a organizaciones agrarias que son importantes en sus comunidades; que los parámetros para medir la representatividad son ambiguos y poco equitativos y que para ello no se pueden tener en cuenta los procesos electorales llevados hace años, porque, además, tampoco se han realizado en todas las comunidades autónomas. Asimismo, los partidos minoritarios también vieron con malos ojos el acuerdo establecido entre el PSOE y el PP para sacar adelante esta Ley. | | |
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